Por lo general, cuando las personas piensan en “redlining”** están pensando en las prácticas discriminatorias de las instituciones bancarias a lo largo del siglo XX. En aquel entonces, los bancos hipotecarios negaban préstamos a afroamericanos, latinos y otras personas de color, privándolos de poseer una casa propia y de perseguir el sueño americano. Hoy, en el condado de Los Ángeles, si bien la práctica es ilegal, lamentablemente vemos las consecuencias que desató en las desigualdades raciales en la salud, la educación y los resultados económicos para las personas de color a largo plazo.
Un estudio reciente de la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, por sus siglas en inglés) da idea de cómo se practica una nueva y moderna “línea roja” en todo el estado: la línea roja digital, o “redlining” digital.
Según el estudio, dos de los principales proveedores de servicios de Internet del estado, AT&T y Comcast, aplican la práctica de redlining digital al invertir deliberadamente menos recursos en la infraestructura de banda ancha para las comunidades de color y de bajos ingresos, y más en las comunidades más ricas y predominantemente blancas. Las comunidades de mayoría latina del condado de Los Ángeles, incluyendo Sur Los Ángeles, el sureste de la ciudad y el Valle de San Fernando, demuestran los datos del estudio, están relativamente desatendidas por los proveedores de servicios del internet. En consecuencia, impulsados por el afán de lucro, están creando un entorno digital en el que las comunidades de color de bajos ingresos tienen a su disposición menos infraestructura y experimentan velocidades de Internet más lentas. De esa manera, pierden muchos de los recursos críticos con los que los proveedores del internet conectan a las comunidades más ricas.
La información contenida en el estudio de la CPUC sobre la empresa AT&T es solamente el más reciente ejemplo de una larga historia de prácticas comerciales discriminatorias. Un estudio de 2020 de la Alianza Nacional de Inclusión Digital encontró que AT&T ha descuidado sistematicamente a las comunidades de color allí donde tiene presencia nacional. En consecuencia, “está empeorando la brecha digital y fallando a sus clientes […] al no invertir en la construcción crucial de fibra óptica” para zonas de bajos ingresos.
El internet de alta velocidad juega un papel cada vez más importante en nuestra vida cotidiana, por lo que no es difícil ver que esta negligencia ampliará aún más la brecha entre las comunidades marginadas y las pudientes.
Según el Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC), el 81% de los hogares latinos en California tienen acceso a Internet de alta velocidad en el hogar, mientras que para la población blanca el porcentaje es de 87%. Esta disparidad tiene consecuencias a largo plazo. Ya vimos durante la pandemia de COVID-19, que muchos de los alumnos que tuvieron que estudiar desde sus casas carecían de la conectividad necesaria para recibir el aprendizaje en línea y gozar de los recursos educativos existentes, una situación que perdura. Por esas razones, también, los residentes mayores y aquellos con problemas médicos se verán privados de los servicios de telesalud, que requieren internet de alta velocidad, lo que probablemente llevará a un empeoramiento de su salud. Finalmente, las pequeñas empresas, así como las personas que forman parte de la fuerza laboral, se verán privados de las innumerables oportunidades económicas y profesionales que brinda una buena conexión en línea.
El “redlining” digital también tiene profundas implicaciones en la participación de las comunidades en la vida cívica. El internet se ha convertido en una herramienta esencial para acceder a los servicios gubernamentales y participar en el debate político y en el activismo por el cambio. Empresas como AT&T socavan la capacidad de las comunidades de color de participar en el proceso democrático cuando las privan de un acceso confiable al internet. Esto margina aún más a estos grupos e impide que se escuchen sus voces y que se aborden sus preocupaciones.
Empresas como AT&T, que deberían desempeñar un rol crucial en avanzar la equidad digital, no pueden desligarse de su compromiso con declaraciones de que valoran la diversidad y la inclusión y ni siquiera organizando una superficial ceremonia de inauguración. La realidad es que sus acciones cuentan una historia diferente: es el lucro y no los principios lo que dicta sus decisiones. El “redlining” digital no solo contradice sus proclamaciones. También perpetúa la discriminación sistemática. Los proveedores de servicios de internet deben reconocer su obligación de servir a todas las comunidades por igual y deben garantizar el acceso equitativo a servicios de internet fidedignos.
Dado este patrón de comportamiento, es poco probable que AT&T reconozca su obligación.
Es fundamental que los reguladores y los encargados de formular políticas defiendan los intereses de las comunidades, que sufrieron de negligencia durante demasiado tiempo. Únase a mí para demandar de nuestros funcionarios electos estatales, del fiscal general de California y del gobernador que investiguen más a fondo los datos suministrados en el estudio y de esa manera puedan responder a estas desigualdades a través de leyes o reglamentos.
El acceso al internet toca todos los aspectos de la vida moderna. Si se permite que estas acciones no tengan respuesta, el resultado a largo plazo podría ser similar a la discriminación de vivienda que vivimos en el siglo pasado.
Nota: El término “redlining”, conocido y popular en inglés, requiere una aclaración al traducirse. Consiste, según la Universidad de Cornell, en “la negación sistemática de servicios como hipotecas, préstamos de seguros y otros servicios financieros a los residentes de ciertas áreas, en función de su raza o etnia”. Conservamos el término original o su traducción indistintamente.
Encuentre más notas en español en este link.
